ESTACIÓN ESPERANZA

Electrolit: ¿Rehidratante o evasor fiscal?

Lunes 13 de Octubre de 2025 8:06 am

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ESTACIÓN ESPERANZA

Electrolit: ¿Rehidratante o evasor fiscal?

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN*

EN un México donde la salud pública y la equidad fiscal chocan con intereses corporativos, la bebida Electrolit ha pasado de ser el salvavidas de las resacas a estar en el centro de una batalla ideológica. Y es que Claudia Sheinbaum sigue combatiendo la corrupción, y este caso es el reflejo perfecto de cómo grandes farmacéuticas, como Laboratorios Pisa (dueños de Electrolit), han tejido una red de privilegios que cuestan miles de millones al erario público.

La polémica estalló con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reclasificar bebidas como Electrolit, registradas ante la Cofepris como medicamentos. Estas soluciones orales evaden IEPS e IVA, lo que representa una exención fiscal que ha dejado de recaudar hasta 12 mil mdp en los últimos cinco años solo por Electrolit.

Este intento por cerrar un vacío legal que beneficia a corporativos no es por la eficacia del producto, sino porque da pie a un uso recreativo desmedido. Se vende como rehidratante, pero contiene 21 gramos de azúcar por litro, lo que triplica el límite diario recomendado por la OMS. Aunque es menos azúcar que en refrescos (105 g/l), su contenido se acerca más a uno azucarado como Gatorade (34 g/l) que a un hidratante puro como Pedialyte (9 g/l), lo que valida las críticas fiscales. Además, su nivel de sodio y ausencia de sellos fomentan su consumo masivo sin regulación. Gravarlo no lo criminaliza; solo lo equipara a competidores como Gatorade, que pagan IEPS desde 2014. Podría generar entre 3,500 y 5,000 millones de pesos extras para salud pública en 2026.

Pero ¿quién es Laboratorios Pisa? Fundado en los años 40 en Jalisco, la empresa es un coloso: catorce plantas, 30,000 empleados y líder en medicamentos infantiles y oncológicos, con un largo pasado de corrupción. En 2010, la COFECE los multó por colusión en licitaciones de insulina, inflando precios junto con competidores como Eli Lilly. En 2019, Cofepris clausuró siete plantas por contaminación bacteriana, y la SFP los inhabilitó por manipular información en contratos con el IMSS. Además, Pisa donó 6 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), financiada por EU y opositores a AMLO.

Además, ellos fueron causantes del desabasto de medicamentos para cáncer infantil. En 2019 y 2020, Pisa monopolizaba el metotrexato (para leucemias pediátricas) y retuvo 36 mil frascos listos para entrega al Hospital Infantil Federico Gómez, chantajeando con la reapertura de sus plantas irregulares, lo que causó protestas de padres y comprometió la vida de menores.

AMLO y López-Gatell lo denunciaron. La SFP abrió seis expedientes, culminando en inhabilitación de treinta meses en 2020, anulada en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vía amparos. Esto evidencia la importancia de la Reforma de Amparos impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para evitar la impunidad vía ese medio.

Electrolit no es un pionero; es parte de un patrón global en que empresas reclasifican productos para evadir impuestos. El caso Electrolit no es un capricho gubernamental; es justicia fiscal. Gravarlo generaría recursos para la salud pública y promovería el consumo responsable. El mensaje es claro: la transformación no tolera la evasión, ni el lucro privado a costa de la salud de las grandes mayorías.

 

*Director de Ciapacov