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El fondo del debate y las decisiones en la discapacidad
JOSÉ LUIS NEGRETE ÁVALOS
Jueves 16 de Octubre de 2025 8:39 am
LA promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad deben ser una tarea esencial de los gobiernos, especialmente de aquellos Estados que han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). Estos compromisos internacionales obligan a realizar acciones, políticas públicas y procesos concretos que garanticen el cumplimiento efectivo de dichos derechos, en el marco internacional y que esté en armonía con lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos, todos orientados a un solo objetivo: nuestro país Parte fundamental para lograrlo es reconocer el papel de la participación social y la importancia de las organizaciones de y para personas con discapacidad. En Colima, estas organizaciones han trabajado por años impulsando una verdadera inclusión, desde la base social y con una visión centrada en las personas. En el proceso de vincular efectivamente dicho objetivo en favor de las personas con discapacidad, hay factores como la participación social y la presencia de organizaciones para personas con discapacidad, que, específicamente en el estado de Colima, encausan desde la inclusión. En los últimos días, el anuncio de la posible construcción de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Colima ha generado debate. Se han expuesto distintas posturas, cifras y argumentos. Más allá de la discusión entre lo público y lo privado, la verdadera pregunta es: ¿qué resultados reales queremos alcanzar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en nuestro estado? Las cifras están claras: el decreto emitido por el Congreso del Estado propone un monto de 41 millones de pesos anuales, frente a la meta nacional de operación del centro, estimada en 426 millones. A esto se suman las posturas de las instituciones existentes y los recursos actualmente disponibles para estas. Es válido que nuevos actores se sumen a visibilizar esta causa. Pero es aún más importante consolidar una cultura de inclusión real, fuera de los reflectores, que no dependa de campañas, discursos o eventos. Una cultura que nazca de la experiencia, las necesidades y las voces de las propias personas con discapacidad. Y que se encargué de erradicar la discriminación y evitar que las políticas públicas se reduzcan a emociones momentáneas o a parafernalia política. Incluir no es un favor. Es un derecho. Y respetarlo es una obligación permanente del Estado y de toda la sociedad.
