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El gran pacto



BRUNO MORFÍN CRUZ*

¡Productivo – Laboral!


Jueves 06 de Noviembre de 2025 1:33 pm


SER trabajador formal o empresario en México se ha convertido en un acto de valentía. Quien decide generar empleo o mantenerse dentro de la formalidad parece, muchas veces, estar nadando contra la corriente. Entre impuestos, inseguridad y un entorno incierto, trabajar y producir se sienten más como una prueba de resistencia que como un proyecto de vida.

Debemos recordar que son precisamente los trabajadores y los empleadores formales quienes mantienen vivo el corazón económico del país. Son los que pagan impuestos, los que sostienen familias, los que financian la infraestructura pública, los que mueven el consumo y dan estabilidad a sus comunidades. Sin embargo, pareciera que el Estado ha olvidado esa responsabilidad elemental de proteger y promover el trabajo digno y la actividad productiva.

El trabajador asalariado vive con la incertidumbre de enfrentar incrementos constantes en los precios, un sistema de salud debilitado y la ausencia de apoyos reales o subsidios. Por su parte, el dueño de un negocio debe cargar con impuestos, cuotas, regulaciones y una creciente inseguridad, sin que a cambio reciba la certeza mínima de poder operar sin riesgos, sin extorsiones y con reglas claras. En este escenario, ambas partes parecen librar batallas distintas, cuando en realidad combaten en el mismo frente: el de la supervivencia económica.

El Estado tiene una obligación ineludible: garantizar las condiciones básicas para que el trabajo y la productividad sean posibles y sostenibles. Ninguna empresa puede prosperar si su personal teme por su seguridad o si el costo de proteger su negocio supera su rentabilidad y su propio honor.

Las leyes laborales, fiscales y administrativas deben ser claras, justas y previsibles. Cada vez que se modifican reglas sin planeación o se agregan trámites innecesarios, se erosiona la confianza del sector productivo. Finalmente, deben existir incentivos reales para la formalidad. Hoy pareciera que el sistema castiga a quien cumple: mientras quien opera al margen evita cuotas, impuestos y auditorías, quien paga y declara enfrenta costos que lo ponen en desventaja.

La fuerza empresarial, estatal y nacional no puede ni debe limitarse a esperar cambios desde el escritorio público. Ahora se requiere verdadero liderazgo, no para exigir privilegios, sino para reclamar lo justo: un entorno que permita producir, generar empleo y contribuir al desarrollo.

Los empleadores y los trabajadores no son enemigos naturales; son aliados por necesidad y por destino. Uno no existe sin el otro, y ambos tienen el derecho de exigir que el gobierno cumpla su papel de garante: no de obstáculo, no de juez, sino de facilitador.

La productividad florece donde hay seguridad, reglas claras y respeto por quien trabaja; en cambio, se marchita donde la indiferencia institucional deja solos a quienes mueven la economía real.

El progreso se construye con responsabilidad compartida. Dueños de negocio, trabajadores y ciudadanos debemos recordarle al Estado, con voz firme y unida, que esa es su tarea principal. Porque cuando el gobierno deja de proteger el trabajo digno y productivo, no solo falla a la economía: falla a su propio pueblo.

 

*Director General de Soluciones Integrales de Negocios