EL CENTINELA DEL AUTISMO

De infractores a agentes de cambio

Viernes 07 de Noviembre de 2025 9:05 am

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CADA vez que llego al Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, la escena se repite: los pocos cajones azules para personas con discapacidad están ocupados por vehículos sin placas preferenciales ni tarjetón. La frase de cajón es siempre la misma: “sólo son cinco minutos, vengo rápido a un trámite”. Pero esos “cinco minutos” suceden en el lugar donde se concentran recaudación, licencias, educación, salud, vivienda y programas sociales. Ahí pasan diariamente cientos de personas, entre ellas muchas con discapacidad o movilidad reducida que sí necesitan estar cerca de la entrada.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 5.5 por ciento de la población de Colima vive con alguna discapacidad, es decir, cerca de 40 mil personas. No son una minoría lejana: son parte de nuestras familias, vecindarios y centros de trabajo. Sin embargo, los poquísimos espacios destinados a facilitarles el acceso terminan siendo estacionamiento cómodo para quienes tienen prisa. La normativa ya establece que esos cajones son de uso exclusivo, que deben respetarse y que su uso está ligado a placas y tarjetones especiales.

En el municipio de Colima, el reglamento de tránsito contempla para esta falta una sanción de entre diez y veinte UMAs, lo que hoy se traduce, de forma aproximada, en multas que pueden ir de unos 900 hasta casi mil 800 pesos por estacionarse en lugares destinados a vehículos que transportan personas con discapacidad o junto a rampas y accesos. Si tomamos un promedio de mil 300 pesos por multa, hablaríamos de un monto nada menor.

Podemos quedarnos en la queja o podemos plantear algo distinto. Si alguien se estaciona indebidamente en un espacio reservado para personas con discapacidad, ya está causando un daño concreto a esa comunidad. Entonces, ¿por qué no convertir esa misma falta en una herramienta directa de cambio?

La propuesta es simple: que todas las multas por ocupar espacios para personas con discapacidad se etiqueten y se destinen de forma obligatoria a las asociaciones civiles y a las instituciones de asistencia privada que trabajan con discapacidad en ese mismo municipio. Es decir, que el dinero no se pierda en la caja general, sino que llegue a quienes dan terapias, apoyos técnicos, rehabilitación, acompañamiento a familias y oportunidades reales de inclusión.

Imaginemos un escenario moderado: si sólo se levantaran dos multas diarias por invadir cajones para personas con discapacidad, serían sesenta en un mes. Con un promedio de mil 300 pesos por multa, estaríamos hablando de alrededor de 78 mil pesos mensuales. Esa cantidad alcanzaría para financiar decenas de sesiones de terapia, comprar sillas de ruedas, bastones o realizar adecuaciones accesibles en espacios comunitarios. Cada infracción se convertiría así en financiamiento para proyectos que sí cambian vidas.

De esa manera, quien hoy se siente “muy listo” por estacionarse en un lugar reservado “porque no pasa nada”, dejaría de ser sólo un infractor para convertirse, aunque no lo quiera, en agente de cambio: su falta tendría una consecuencia económica clara a favor de la misma población a la que está afectando con su conducta.

Lo ideal, por supuesto, sería que nadie se estacionara en esos cajones sin tener el tarjetón ni la necesidad real. Que bastara la empatía. Pero mientras eso llega, podemos hacer algo más inteligente: que cada acto de egoísmo se convierta en un apoyo concreto. Si ya va a doler en la cartera, al menos que también sane un poco la deuda que, como sociedad, tenemos con las personas con discapacidad.

 

*Director Ejecutivo de Fundación Mexicana de Autismo TATO