RAZONES

Un monólogo de sordos

Martes 25 de Noviembre de 2025 1:32 pm

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DICE la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que los treinta y seis bloqueos realizados por transportistas y campesinos en toda la República tienen motivaciones políticas y reiteró un llamado al diálogo, que estaría muy bien si no se hubieran tenido ya muchas mesas de diálogo a lo largo de los últimos meses, que han resultado, finalmente y todas ellas, infructuosas.

No deja de llamar la atención el doble discurso inscripto en la narrativa gubernamental: por una parte, se minimiza la protesta social, dejándola como una expresión de sectores opositores minoritarios. Por la otra, se victimizan y la ven como parte de una gran conjura, con actores incluso internacionales, que tiene como objeto hasta el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado “blando”.

Lo cierto es que hay demandas legítimas que no son atendidas por el gobierno y que pasan, en lo general, por tres grandes temas: la exigencia de seguridad y justicia, la lucha contra la corrupción y un reclamo de vivir en paz. No hay mucho más. Los transportistas piden lo mismo: que no los extorsionen, que no los asalten y asesinen en las carreteras, que haya una mínima seguridad en las mismas, que la burocracia no sea a su vez un mecanismo más de la corrupción y la extorsión.

Los campesinos quieren que se regrese el financiamiento al sector, que quitó López Obrador al desaparecer Financiera Rural; piden precios de garantía justos, apoyos como los que otorgan nuestros socios comerciales al sector, que les permitan competir exitosamente por lo menos en el mercado interno.

No son las grandes transnacionales las que están pidiendo esto ni los partidos políticos opositores tienen el peso suficiente para generar por sí mismos este tipo de movilizaciones. Son los transportistas en general, son los campesinos medianos, esos que no tienen grandes empresas pero que tampoco viven en una economía rural de subsistencia, que son los únicos que reciben el apoyo gubernamental. Son esas clases medias que han sido castigadas en los últimos siete años: con la inseguridad, con las extorsiones, con las faltas de oportunidades para los jóvenes, con la contracción de la economía y el empleo.

No hay ninguna conjura contra el gobierno. Lo que no existe desde la segunda mitad del sexenio de López Obrador es el interés del gobierno de construir un acuerdo que integre a los sectores que trasciendan a la propia 4T. Antes y después de lo que el oficialismo llama el periodo neoliberal, hubo espacios, diálogo y mecanismos institucionales de acuerdo con la mayoría de los sectores. Hace unos días, después del movimiento del CEU, donde se abrieron cauces de negociación y acuerdo con el movimiento estudiantil y con la oposición.

Cuando se habla (hablamos) de un verdadero diálogo nacional, se trata no de crear una mesa de coyuntura para tratar un tema, sea el transporte o los campesinos, que nunca se termina de solucionar, sino de dialogar de verdad, de buscar puntos de acuerdo, de buscar integrar a todos o casi todos en el sistema. Eso no se puede hacer cuando aún hay personajes en el poder que piensan en términos de una revolución y no de una democracia.

La narrativa actual lleva a un camino sin salida a quienes no están plenamente de acuerdo con las acciones del gobierno y exhibe una cerrazón que al final tendrá costos, también para todos. No se pueden cerrar las válvulas de una caldera sin esperar que, más temprano o más tarde, explote. Y hoy ese descontento está estallando desde todos lados: desde la Gen Z hasta la CNTE, desde los médicos hasta los enfermos y sus familias, desde los campesinos hasta los transportistas, desde los empresarios perseguidos hasta los ciudadanos extorsionados.