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Nueva Ley General de Aguas
ROGELIO SALAZAR BORJAS*
Jueves 04 de Diciembre de 2025 10:46 am
NUESTRO país mantiene, como en
muchas otras cosas, una desigual proporción en la disponibilidad de recursos.
En el caso particular del agua, ésta también es un referente de abastecimiento:
en el sur de México es abundante y en el norte es escasa. Esta situación
caracteriza y define, en muchos casos, vocaciones sociales y económicas de las
regiones subnacionales. El cambio climático ha generado
impactos que han radicalizado aún más esta condición de abastecimiento del
vital líquido, modificando los mapas de precipitación y reacondicionando las
estaciones climáticas, donde las inundaciones y las sequías son más prolongadas. En consecuencia, la administración
hídrica adquiere no solo un carácter de seguridad agroalimentaria, industrial o
residencial, sino también matices de seguridad nacional, especialmente en las
regiones del norte, donde las precipitaciones han caído a niveles históricos. La actual administración federal
impulsa una nueva Ley General de Aguas que reconoce al recurso como un derecho
humano y define al Estado mexicano como el único responsable de regular su uso.
La iniciativa elimina la posibilidad de transmitir concesiones entre
particulares, su venta o la cesión de volúmenes. Cuando se habla de “transmitir”,
incluye también la herencia a los hijos o la transferencia a nuevos
propietarios de predios con concesiones otorgadas a antiguos dueños, lo que
conlleva la cancelación del uso del recurso por parte de nuevos titulares. Esto
ha generado un rotundo rechazo social, principalmente en los sectores agrícola
y ganadero. Este capítulo, sin
duda, atenta contra la propiedad privada del recurso, el cual se encuentra
regulado por la Comisión Nacional del Agua mediante certificados y concesiones
por volúmenes específicos con base en las cuencas y recursos del subsuelo. Esto
significa que la concentración estatal se convertirá en administradora final,
lo cual entorpecerá la actividad económica de varios sectores productivos. La medida afectará la factibilidad y
viabilidad de las empresas en el acceso al agua, entre ellas la minería,
agricultura, ganadería, acuicultura, construcción de vivienda, industria
alimentaria, bebidas, silvicultura, turismo, entre otras ramas. La pérdida de seguridad jurídica
sobre el recurso implicará restricciones y limitaciones a la inversión privada,
lo que desalentará el flujo de capital hacia nuevos proyectos en regiones que,
precisamente, se encuentran subdesarrolladas. Otra cuestión que merece análisis es
el centralismo político, que podría generar corrupción y opacidad en las nuevas
asignaciones de concesiones y volúmenes, dentro de una administración que no se
distingue por su rendición de cuentas. La falta de presupuesto en temas de
gobierno es otro talón de Aquiles, pues fuera de las pensiones universales a
los adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez,
salarios de empleados federales, pensiones del sector público y Pemex, no
existe suficiencia presupuestal para casi ningún programa federalizado. Así las cosas, hoy pasará a votación
en el pleno de la Cámara de Diputados esta nueva ley, de la cual se espera que
sufra cambios que brinden certeza para el desarrollo económico.
*Miembro consultivo del Colegio de
Economistas de Colima AC
