Un recurso vital, derecho esencial

Jueves 18 de Diciembre de 2025 9:17 am

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EN el acontecer de un México que, de forma inevitable, parece encontrarse dividido entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad, las problemáticas y situaciones que enfrentan quienes habitan en cada uno de estos espacios muestran diferencias visibles. Ello, de acuerdo con las características de cada entorno, genera diversas perspectivas de actuación por parte de los gobiernos en los ámbitos municipal, estatal y federal, lo que condiciona las estrategias y acciones destinadas a ofrecer, en el corto y mediano plazos, posibles respuestas.

Si bien estas diferencias entre lo rural y lo urbano resultan evidentes, existen efectos directos sobre el acontecer cotidiano en ambos contextos, sin importar la ubicación de comunidades o ciudades, que padecen por igual deficiencias latentes.

El tema del abasto de agua es una preocupación recurrente, dada la necesidad primordial de contar con el vital líquido. Las decisiones en torno a su manejo adecuado y a su distribución eficiente generan debate y controversia, particularmente bajo el entendimiento de la preservación y el cuidado de este recurso indispensable.

En ese sentido, el entramado legal vuelve a aparecer en escena a través de los tratados internacionales que históricamente han entrelazado la vida de las naciones, como ocurre entre Estados Unidos y nuestro país, así como mediante el marco constitucional y las leyes y reglamentos que buscan fortalecer la distribución del recurso hídrico y, en principio, erradicar desigualdades en el abasto.

Ante este escenario surge una pregunta central: ¿cómo garantizar una distribución equitativa y justa del agua potable sin que las leyes o reglamentos vulneren los derechos de las comunidades rurales?

La respuesta debe abordarse desde una perspectiva objetiva, entendiendo que el marco jurídico, desde su origen, pretende adecuar las normas a los entornos en los que se distribuye el agua para su uso en diversas actividades que generen beneficios dentro de los territorios donde el recurso está disponible.

Ello puede lograrse mediante acuerdos, convenios o concesiones orientadas a mejorar y aprovechar de forma adecuada el recurso, ya sea en beneficio de las propias comunidades o de particulares, pero siempre bajo una comprensión puntual de las características específicas de cada zona. De ahí la importancia de que las leyes se enmarquen en la realidad y las circunstancias en las que las comunidades buscan su desarrollo; si este sentido se desvía, la problemática será mucho mayor que aquella para la cual, en un inicio, se pretendía ofrecer una respuesta.