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LIBERTAD DE PRENSA
EDITORIAL
Miércoles 24 de Diciembre de 2025 9:53 am
LA
Recomendación 02/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las autoridades
municipales frente al ejercicio del periodismo, una actividad esencial para la
vida democrática y expresamente protegida por la Constitución. No se trata de
un hecho menor ni aislado: la obstrucción indebida del trabajo informativo en
la vía pública revela fallas estructurales que van más allá del comportamiento
individual de algunos servidores públicos. El
señalamiento de la CDHEC es claro al identificar omisiones institucionales,
particularmente en la capacitación del personal municipal. Cuando funcionarios
desconocen -o ignoran- los límites de su actuación frente a derechos
fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, el
problema deja de ser operativo y se convierte en político y administrativo. La
intimidación y el abuso de autoridad contra un periodista no solo vulneran
derechos individuales, sino que generan un clima adverso para la rendición de
cuentas y el escrutinio público. Si
bien las recomendaciones de los organismos defensores no son vinculantes, su
peso ético y jurídico no debería subestimarse. En este caso, el Ayuntamiento de
Colima tiene la oportunidad -y la responsabilidad- de asumir el llamado como un
punto de inflexión: corregir prácticas arbitrarias, establecer protocolos
claros y garantizar que sus servidores públicos actúen conforme a derechos
humanos.
Más
que un trámite administrativo, atender esta recomendación es una prueba de
compromiso con las libertades fundamentales. Ignorarla o minimizarla implicaría
normalizar la censura indirecta y debilitar el derecho ciudadano a estar
informado. En un contexto donde el periodismo enfrenta riesgos crecientes, la
respuesta institucional no debería ser defensiva, sino autocrítica y
correctiva. Solo así se puede fortalecer la confianza pública y el respeto al
Estado de derecho en Colima.
