La tragedia del Tren Interoceánico

Miércoles 31 de Diciembre de 2025 9:34 am

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EL descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, dejó un saldo devastador: 13 personas fallecidas (incluida una menor) y 98 personas heridas, 36 de ellas hospitalizadas y cinco en estado grave. El convoy, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, partía de Salina Cruz rumbo a Coatzacoalcos cuando la segunda locomotora se salió de las vías en una curva, arrastrando vagones que cayeron por un barranco de seis metros. Sobrevivientes describen que el tren “venía muy fuerte”, posiblemente por exceso de velocidad o fallas en los frenos. Las imágenes de vagones volcados y rescatistas trabajando en condiciones difíciles han conmocionado al país en estos días festivos.

Esta no es una tragedia aislada, sino el sexto incidente grave en dos años en los megaproyectos ferroviarios impulsados por los gobiernos de Morena: tres en el Tren Maya (descarrilamientos en Yucatán y Quintana Roo, y un choque en Izamal) y tres en el Interoceánico, incluyendo colisiones previas con vehículos. El Corredor Interoceánico, promovido como alternativa soberana al Canal de Panamá para conectar el Pacífico y el Atlántico, ha mostrado fallas recurrentes: vías rehabilitadas apresuradamente, locomotoras antiguas adquiridas de segunda mano (algunas con más de 40 años), taludes inestables por lluvias y mantenimiento insuficiente.

Aquí entra el rol central de la corrupción y la negligencia. Auditorías de la ASF han detectado irregularidades en contratos, sobreprecios y obras de baja calidad, con costos que se duplicaron por las prisas en inauguraciones políticas. Comunidades indígenas del Istmo han denunciado desde 2019 anomalías en la rehabilitación de la Línea Z, ejecutada por empresas ligadas a redes de corrupción. Peor aún, la operación fue entregada a la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una amplia militarización de funciones civiles: puertos, aeropuertos, aduanas, trenes e incluso hoteles.

Esta aferración del gobierno a que las Fuerzas Armadas administren sectores estratégicos, justificada como “antídoto a la corrupción”, ha generado opacidad al clasificar contratos como de “seguridad nacional”, evadiendo la rendición de cuentas. Los militares, expertos en defensa, no lo son en la operación ferroviaria civil de pasajeros. El resultado: ineficiencias, obras rápidas sin estándares internacionales y, ahora, riesgos mortales que han cobrado vidas.

El gobierno debe limitarse a generar condiciones favorables, no a competir monopólicamente con los empresarios privados que invertimos capital, asumimos riesgos y generamos empleo masivo en México. Cuando el Estado desplaza al sector privado, los proyectos se encarecen, pierden eficiencia y priorizan la propaganda.

Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas. Exijamos una investigación independiente y rigurosa por parte de la Fiscalía General de la República, incluyendo el análisis de la caja negra, la velocidad, los frenos y el estado de las vías, para esclarecer causas y responsabilidades sin injerencias.

Al final del día, el poder real reside en las manos de los ciudadanos: nosotros elegimos a nuestros representantes, los vigilamos y les exigimos resultados. Nuestros gobernantes están de paso; su única obligación es servir al pueblo, no servirse de él ni de los recursos públicos. Tragedias como esta nos recuerdan que la verdadera soberanía no se decreta desde el poder, sino que se ejerce en las urnas, en las calles y en la defensa cotidiana de un México próspero, seguro y con un Estado facilitador, no omnipresente ni competidor desleal.

Que 2026 sea el año en que el pueblo recupere el control y exija un cambio de rumbo: más inversión privada, menos estatismo fallido.

 

*Presidente de Coparmex Colima