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AUSENCIA MUNICIPAL
EDITORIAL
Martes 06 de Enero de 2026 9:13 am
CUIDAR el entorno natural requiere tanto compromiso como presencia
constante. Lo ocurrido recientemente en el Ejido Jiliotupa, Ixtlahuacán, donde
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una
extracción ilegal de balastre en Las Trancas, lleva a reflexionar sobre quién
vigila realmente el territorio. Si bien las leyes ambientales involucran a la Federación, el municipio
es el primer eslabón en esta cadena de vigilancia. Es el Ayuntamiento quien
otorga las licencias de construcción y quien tiene la capacidad de detectar, de
primera mano, cualquier movimiento irregular en su jurisdicción. Cuando una actividad extractiva de este tipo logra avanzar sin
autorización, es porque existe una falta de coordinación. Más allá de ello, lo
que preocupa es la ausencia de una mirada preventiva que proteja los recursos
naturales antes de que el daño sea irreversible. Aunque la omisión en la vigilancia no siempre es intencionada, sí
tiene un alto costo. La clausura impuesta por las autoridades federales
responde a restricciones para salvaguardar el medio ambiente, pero autoridades
locales tienen la encomienda de ser un primer filtro en la protección
ambiental, misma que no puede depender de denuncias ciudadanas o de
intervenciones externas.
El caso en Ixtlahuacán abre un diálogo sobre las capacidades de
vigilancia a nivel municipal. Garantizar que el desarrollo y el uso de
materiales sigan cauces legales es responsabilidad de todos, y para ello, la
gestión del territorio debe ser vista como una prioridad compartida, donde la
autoridad municipal no sea solamente un gestor de trámites, sino protector
eficiente de la riqueza natural.
