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PROBLEMA CRÓNICO
EDITORIAL
Miércoles 07 de Enero de 2026 9:59 am
EL
aumento de 26.27 por ciento en las infracciones de tránsito en 2025 en
comparación al año anterior no puede leerse únicamente como un indicador de
mayor vigilancia o de eficiencia operativa por parte del Ayuntamiento
capitalino. Las más de 30 mil multas aplicadas revelan, en realidad, una
tensión persistente entre la autoridad, el diseño urbano y las prácticas
cotidianas de movilidad, particularmente en el Centro Histórico. Que la
mayor parte de las infracciones se concentre en esa zona no es un dato menor.
El argumento oficial apunta a la falta de estacionamiento como detonante de
conductas irregulares, pero multar no sustituye la ausencia de soluciones
estructurales, ni corrige por sí sola un problema que se ha vuelto crónico. Especial
preocupación merece la invasión de espacios destinados a personas con
discapacidad. No se trata solo de una infracción administrativa, sino de una
práctica que evidencia una cultura vial deficiente y una normalización de la
exclusión. El
hecho de que 63 por ciento de los infractores haya tenido que comparecer ante
el Juzgado Cívico también plantea preguntas sobre la carga institucional que
generan estas conductas y sobre la efectividad real del castigo como mecanismo
disuasivo. En las
avenidas principales, el énfasis en sancionar el exceso de velocidad es
pertinente desde una lógica de seguridad vial. Sin embargo, insistir en que los
operativos se realizan “en pro de la movilidad urbana” exige coherencia: la
movilidad no se mejora solo con retenes y multas, sino con infraestructura
adecuada, señalización clara y una política integral que ponga en el centro a
las personas, no únicamente a los vehículos.
El
incremento de las infracciones debería ser una oportunidad para revisar el
modelo de movilidad de la ciudad. De lo contrario, el riesgo es que las multas
se conviertan en un fin en sí mismo y no en una herramienta transitoria dentro
de una estrategia más amplia, justa y eficaz para ordenar el tránsito y
garantizar el derecho a una ciudad accesible y segura.
