La deuda que todos pagamos

Jueves 08 de Enero de 2026 10:32 am

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EN este arranque de 2026, marcado por la incertidumbre global, el gobierno mexicano colocó nueve mil millones de dólares en deuda externa, un récord que celebra como muestra de confianza inversionista, pero que, en realidad, resalta nuestra dependencia del endeudamiento. Esta emisión, con bonos a tasas elevadas, cubre necesidades financieras mientras el déficit y la deuda crecen, y la llamada “austeridad republicana” brilla por su ausencia donde más se necesita.

Los detalles son alarmantes: bonos a ocho, 12 y 30 años, con tasas del 5.625 por ciento al 6.75 por ciento, demandados por inversionistas que perciben riesgo en México. Al final, nosotros, los contribuyentes, pagamos con impuestos y recortes en servicios esenciales.

El panorama fiscal es sombrío. El déficit se mantiene alrededor del 4.1 por ciento del PIB, la deuda en 52.3 por ciento, y el costo financiero absorbe recursos vitales. Críticos advierten que, sin una reforma fiscal, esto es una bomba de tiempo, pero el gobierno insiste en una “austeridad” ficticia.

¿Quién paga? Todos. Los despilfarros en proyectos faraónicos, como trenes y refinerías, superan presupuestos, mientras se descuidan el empleo y la salud. La presidenta Claudia Sheinbaum promete disciplina, pero el endeudamiento solo tapa ineficiencias.

Reflexionemos sobre las mipymes, motor económico que genera más del 50 por ciento del empleo. El presupuesto destina solo el 3.2 por ciento del PIB a inversión pública, insuficiente para enfrentar los retos de emprendedores y pequeños comercios, en una realidad en la que generar empleos formales desde una pequeña empresa resulta altamente costoso frente a los “beneficios” que la formalidad ofrece a la clase trabajadora: servicios de salud deficientes, un sistema de pensiones a punto de colapsar y, ni qué decir, lo que enfrentamos en general quienes generamos empleo formal a cambio.

La inseguridad frena todo: el 51 por ciento de las empresas fue víctima de delitos en 2025, con costos equivalentes al 3.4 por ciento del PIB, y recortes en seguridad del 17.5 por ciento por parte de los gobiernos. ¿Cómo producir más con extorsiones y violencia? ¿Cómo pensar que recuperaremos la seguridad si se reduce el presupuesto?

Sumado a esto, la informalidad (que aporta el 25.4 por ciento del PIB y emplea al 54.8 por ciento de la fuerza laboral) crece por la burocracia y la falta de incentivos. Sin inversión en regulación, seguridad y apoyos, seguimos pagando una deuda que no genera equidad.

Es inminente que nuestros gobernantes diseñen un modelo fiscal y económico que verdaderamente incentive la generación de empleos formales.