.png)
1.png)
COQUIMATLÁN: EN DEUDA CON LA LEGALIDAD
EDITORIAL
Viernes 09 de Enero de 2026 9:38 am
LA
denuncia por el despido de seis trabajadores del Ayuntamiento de Coquimatlán,
presuntamente como represalia por la constitución de un nuevo sindicato, vuelve
a colocar en el centro del debate una práctica que se creía superada: el uso
del poder institucional para inhibir la libertad de organización laboral. Más
allá del conflicto puntual, el caso exhibe una preocupante distancia entre el
discurso de respeto a los derechos laborales y su aplicación real en el ámbito
municipal. De
acuerdo con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la
administración municipal no solo ignoró las notificaciones formales para
entablar diálogo, sino que optó por la vía más confrontativa: los despidos y
las amenazas. Particularmente
grave resulta el señalamiento sobre el uso de la fuerza pública para desalojar
a empleados con entre 15 y 20 años de antigüedad. La intervención policiaca en
un conflicto laboral, sin que medie una situación de riesgo, no solo tensiona
el ambiente institucional, sino que vulnera derechos humanos básicos y erosiona
la confianza ciudadana en las autoridades locales. El
sindicalismo, con sus virtudes y limitaciones, es un derecho constitucional, no
una concesión graciosa del poder. Pretender frenarlo mediante despidos o
intimidación no solo expone a los gobiernos a consecuencias legales, sino que
revela una visión autoritaria incompatible con un estado democrático de
derecho.
La
intervención del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y de la Fiscalía
Anticorrupción será clave para determinar responsabilidades. Sin embargo, el
daño institucional ya está hecho. Coquimatlán enfrenta hoy una prueba clara:
decidir si honra la ley y el diálogo social o si persiste en prácticas que,
lejos de resolver conflictos, los profundizan y desgastan a la propia
autoridad.
