El dolor evitable

Lunes 12 de Enero de 2026 9:33 am

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LA tragedia del accidente del Tren Interoceánico no fue una fatalidad inevitable. Fue un hecho que pudo y debió evitarse. Como bien decía Carlos Castillo Peraza, una de las misiones fundamentales del gobierno es evitar el “dolor evitable”. Se refería al sufrimiento que no es producto del destino ni de un accidente inevitable, sino de decisiones u omisiones humanas: aquel que se pudo prevenir si se hubieran hecho bien las cosas.

Cuando el Estado falla en su deber de supervisar, de ejercer con responsabilidad los recursos públicos y de anteponer la seguridad de las personas, ese dolor aparece con toda su crudeza. Hoy, varias familias viven una pérdida irreparable que nos obliga a preguntarnos qué se hizo mal y, sobre todo, quién debe asumir su responsabilidad.

El Corredor Interoceánico fue presentado por el gobierno federal como uno de los proyectos emblemáticos. Se habló de bienestar, de progreso y de oportunidades. Hoy, lamentablemente, ese discurso se estrella contra una realidad dolorosa: catorce personas perdieron la vida en un accidente que no puede explicarse como un simple “incidente”.

Cuando una obra pública falla y cobra vidas humanas, el Estado tiene la obligación moral, política y legal de investigar hasta las últimas consecuencias. Por eso, las y los diputados de Acción Nacional presentamos denuncias formales ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía General. La gravedad de los hechos y sus consecuencias humanas así lo exigen.

No se trata de denunciar por denunciar. Se trata de asumir una responsabilidad frente a la sociedad. El mal uso del dinero público y la deficiente supervisión gubernamental no son asuntos administrativos menores. Cuando los recursos se manejan con opacidad, cuando no hay controles claros ni rendición de cuentas, las obras fallan. Y cuando las obras fallan, las consecuencias pueden ser irreversibles.

La falta de transparencia abre la puerta a sobreprecios, contratos opacos y posibles desvíos de recursos. Cada peso mal utilizado es un peso que no llega a la salud, a la seguridad, a la educación o al apoyo social. Pero, además, cada peso mal usado puede traducirse en infraestructura insegura.

Lo ocurrido en el Corredor Interoceánico no es una cifra más en una estadística. Son catorce vidas perdidas. Son familias enlutadas. Son personas que confiaron en que el Estado cumpliría con su deber de garantizar condiciones seguras. La corrupción y la negligencia no solo afectan presupuestos; generan entornos de riesgo que terminan en tragedias como la que hoy enluta al país.

En Acción Nacional no volteamos la mirada. Actuamos dentro de la ley y con responsabilidad. Exigimos que se audite a fondo el ejercicio del gasto, que se investiguen las posibles faltas administrativas y que se deslinden responsabilidades penales, si así corresponde. No estamos señalando culpables sin pruebas; estamos exigiendo verdad, justicia y consecuencias.

No podemos normalizar que los proyectos públicos se construyan sin transparencia ni supervisión. Gobernar implica cuidar vidas. Y cuando el mal uso del dinero público termina costándolas, nadie debe quedar impune.