La captura de Maduro no es un precedente para México

Martes 13 de Enero de 2026 9:51 am

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LA operación denominada Determinación Absoluta, que consistió en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ha sacudido la agenda política regional. Los bombardeos en Caracas, las incursiones en bases militares y el posterior traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y tráfico de armas dinamitaron un debate que ha permeado en México.

Este acontecimiento, sin antecedentes en el hemisferio occidental desde la Guerra Fría, ha provocado dudas sobre la legitimidad de una intervención, debates sobre la soberanía nacional y la vigencia del derecho internacional. Naciones Unidas ha denunciado que la acción viola los principios consagrados en la Carta de la ONU, particularmente la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.

Pese a estas críticas, desde Washington se ha defendido la operación argumentando que se trató de un acto judicial contra un delincuente acusado de narcoterrorismo y que se espera la eventual aplicación de un “gobierno de transición” en Venezuela, aunque los detalles de dicho proceso siguen siendo inciertos. En el plano local, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, un movimiento que evidencia la complejidad institucional del país tras la captura de Maduro.

Frente a esta ola de acontecimientos dramáticos ha surgido en diversas discusiones públicas la interrogante (y a veces la alarma) de que un país como México pudiera enfrentar una intervención similar. Este temor merece ser examinado con precisión: las condiciones que condujeron a la operación en Venezuela no tienen equivalentes paralelos en México.

Primero, la intervención en Venezuela obedeció a un contexto de crisis institucional de años, caracterizado por una erosión democrática, acusaciones persistentes de fraude electoral, violaciones sistemáticas de libertades políticas y una estructura del Estado profundamente militarizada. Estas circunstancias se utilizaron como argumento por parte de EU para justificar la acción como parte de su agenda interna contra las drogas, aunque académicos y expertos han subrayado la cuestionable legitimidad y legalidad de esto.

México, en contraste, posee instituciones democráticas con mecanismos de alternancia del poder, distintas fuerzas políticas y controles y equilibrios que, aun con sus deficiencias, funcionan dentro de un marco jurídico reconocido internacionalmente. La renovación constante de gobiernos a través de la competencia electoral y el respeto formal al Estado de Derecho representan barreras políticas que inhiben cualquier acción que pudiera siquiera asemejarse a una intervención militar desde nuestro vecino del norte.

Nuestro país, además, es un aliado fundamental en términos de comercio, seguridad y cooperación regional con EU, con más de un siglo de acuerdos bilaterales y multilaterales que sofistican y estrechan las relaciones. Cualquier acción militar unilateral contra México no solo carecería de justificación legal, sino que implicaría elevados costos políticos, económicos y sociales para todas las partes involucradas.

Por último, el caso de Venezuela es fruto de una combinación (y suma) de factores internos y de dinámicas específicas de su régimen político y de su relación con EU. La complejidad de esta crisis, que incluye disputas sobre legitimidad electoral, colapso económico y nulas instituciones, no encuentra semejanza siquiera lejana con México. Si bien enfrentamos desafíos serios en distintos ámbitos de nuestra realidad, no justifica pensar que un Estado extranjero intervendrá en nuestro país.

 

*Presidente de la Asociación de Egresadas y Egresados de Economía UCOL