DERECHOS HUMANOS
EDITORIAL
Viernes 16 de Enero de 2026 9:48 am
MIENTRAS la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emite
resoluciones y seguimiento a las denuncias registradas el año pasado, parece
que algunas instancias siguen produciendo agravios. Si bien es cierto que el salto de 11 a 18 recomendaciones anuales
entre 2023 y 2025 plantea un escenario en el que expone un aumento en la
confianza ciudadana para reportar situaciones, refleja fallas en el
comportamiento de ciertas instituciones, pues varios señalamientos recaen sobre
los ayuntamientos y las corporaciones de seguridad pública. Si se vulneran los derechos humanos repetidamente desde dichas
instancias, existe una deficiencia en la formación y supervisión de agentes
locales. Además, entre los registros, que los derechos a la seguridad jurídica
y a la integridad personal encabecen la lista de agravios, podría sugerir una
confusión entre el orden con la fuerza bruta, y la legalidad con la voluntad de
funcionarios en turno. No obstante, de manera simultánea, es un referente benéfico que la
comisión sea constante en emitir sus recomendaciones y dar seguimiento a las
mismas, pues tiene como resultado un buen nivel de cumplimiento, que ha
escalado al 70 por ciento de recomendaciones acatadas, superando el
estancamiento de 55 por ciento que se arrastraba en años anteriores. Por supuesto, la encomienda de la comisión no termina ahí; se requiere
el acompañamiento a las víctimas, una exigencia de evidencias concretas y mayor
atención al trasfondo y la prevención. El reto no es
solo emitir más documentos, sino forzar la transición de una cultura de la
infracción a una de la responsabilidad institucional.
Mientras los ayuntamientos y las corporaciones de seguridad pública
sigan siendo clientes frecuentes de la comisión, la lectura de un porcentaje
alto de atención no podrá pasar de la contención de daños a la base de la
prevención.
