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DERECHOS HUMANOS



EDITORIAL


Viernes 16 de Enero de 2026 9:48 am


MIENTRAS la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emite resoluciones y seguimiento a las denuncias registradas el año pasado, parece que algunas instancias siguen produciendo agravios.

Si bien es cierto que el salto de 11 a 18 recomendaciones anuales entre 2023 y 2025 plantea un escenario en el que expone un aumento en la confianza ciudadana para reportar situaciones, refleja fallas en el comportamiento de ciertas instituciones, pues varios señalamientos recaen sobre los ayuntamientos y las corporaciones de seguridad pública.

Si se vulneran los derechos humanos repetidamente desde dichas instancias, existe una deficiencia en la formación y supervisión de agentes locales. Además, entre los registros, que los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal encabecen la lista de agravios, podría sugerir una confusión entre el orden con la fuerza bruta, y la legalidad con la voluntad de funcionarios en turno.

No obstante, de manera simultánea, es un referente benéfico que la comisión sea constante en emitir sus recomendaciones y dar seguimiento a las mismas, pues tiene como resultado un buen nivel de cumplimiento, que ha escalado al 70 por ciento de recomendaciones acatadas, superando el estancamiento de 55 por ciento que se arrastraba en años anteriores.

Por supuesto, la encomienda de la comisión no termina ahí; se requiere el acompañamiento a las víctimas, una exigencia de evidencias concretas y mayor atención al trasfondo y la prevención. El reto no es solo emitir más documentos, sino forzar la transición de una cultura de la infracción a una de la responsabilidad institucional.

Mientras los ayuntamientos y las corporaciones de seguridad pública sigan siendo clientes frecuentes de la comisión, la lectura de un porcentaje alto de atención no podrá pasar de la contención de daños a la base de la prevención.