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Justicia familiar con sentido humano



RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA


Miércoles 21 de Enero de 2026 12:47 pm


HAY momentos en que la justicia deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un rostro concreto, como el de una niña que es escuchada por primera vez, el de un adolescente que descubre que su voz tiene peso, el de una familia que comprende que los tribunales son la solución. Escuchar personalmente a niñas, niños y adolescentes nos recuerda que el derecho no se agota en expedientes. Se vive en personas reales. La ley obliga a escucharlos con respeto y a decidir con humanidad.

En ese marco, destaca el trabajo que viene realizando la Primera Sala Mixta Civil, Familiar, Mercantil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de Colima. Su forma de actuar parte de una idea sencilla: la justicia no puede aplicarse como una fórmula fría ni como un trámite automático, sino como una tarea profundamente humana. Quienes la integran entienden que los derechos de la niñez y de la familia se protegen con audiencias de verdad, con decisiones que lleguen a tiempo y, sobre todo, con sensibilidad social para mirar a las personas más allá del expediente.

Pero el reto no es solo procesal. Es ético y, sobre todo, humano. La justicia familiar exige soluciones integrales y corresponsabilidad institucional. No basta con declarar un incumplimiento; es necesario adentrarse en su origen, comprenderlo, combatir sus causas y ofrecer alternativas reales que eviten que la historia vuelva a repetirse. Esta tarea no pertenece únicamente al juzgador. Es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. La impartición de justicia requiere más recursos y mayor acompañamiento interinstitucional.

La sensibilidad social que debe acompañar las decisiones judiciales requiere una mirada más amplia que la del expediente. El juzgador necesita conocer qué hay detrás de cada obligación no cumplida: qué enfermedad, qué pérdida de empleo, qué adicción, qué ruptura emocional o qué abandono institucional empujó a las partes hasta el tribunal. Solo así la sentencia deja de ser un acto formal y se convierte en el camino correcto hacia la reconstrucción familiar.

Imaginemos que no solo el juzgador, sino cada una de las instituciones que convergen en este tema, conozcan a fondo las causas que generan el incumplimiento de obligaciones de quienes habitan en las colonias y barrios de notorio conflicto. Eso significaría llevar la justicia a los lugares donde la vida duele, donde la pobreza se respira y donde la ausencia de bienestar explica buena parte de la tarea judicial. Un juzgador que mira esos escenarios comprende que el incumplimiento no siempre nace de la mala fe, sino de la precariedad, de la enfermedad y del abandono institucional, cuando las decisiones del Estado se alejan del sentido humano y del deber de solidaridad social.

La calidad humana del juzgador se revela cuando logra ver a las partes más allá de los escritos. Su tarea es impartir justicia, cierto, pero esa función no se agota en aplicar artículos; exige comprender de manera integral a quienes comparecen. Reconocer las razones del incumplimiento: la pérdida del empleo, una adicción no atendida, una depresión silenciosa, un accidente que dejó sin ingresos o incluso una conducta consciente de mala fe, y también advertir lo que el Estado dejó de hacer al no ofrecer oportunidades laborales, una tarea conjunta con el empleador, además de la atención a la salud mental, la mediación temprana o la educación para la paternidad responsable. Considerar estos factores no significa justificar la conducta, sino juzgar con verdad completa.