Justicia familiar con sentido humano
RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA
Miércoles 21 de Enero de 2026 12:47 pm
HAY momentos en que
la justicia deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un rostro concreto,
como el de una niña que es escuchada por primera vez, el de un adolescente que descubre
que su voz tiene peso, el de una familia que comprende que los tribunales son
la solución. Escuchar personalmente a niñas, niños y adolescentes nos recuerda
que el derecho no se agota en expedientes. Se vive en personas reales. La ley
obliga a escucharlos con respeto y a decidir con humanidad. En ese marco,
destaca el trabajo que viene realizando la Primera Sala Mixta Civil, Familiar,
Mercantil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de
Colima. Su forma de actuar parte de una idea sencilla: la justicia no puede
aplicarse como una fórmula fría ni como un trámite automático, sino como una
tarea profundamente humana. Quienes la integran entienden que los derechos de
la niñez y de la familia se protegen con audiencias de verdad, con decisiones
que lleguen a tiempo y, sobre todo, con sensibilidad social para mirar a las
personas más allá del expediente. Pero el reto no es
solo procesal. Es ético y, sobre todo, humano. La justicia familiar exige
soluciones integrales y corresponsabilidad institucional. No basta con declarar
un incumplimiento; es necesario adentrarse en su origen, comprenderlo, combatir
sus causas y ofrecer alternativas reales que eviten que la historia vuelva a
repetirse. Esta tarea no pertenece únicamente al juzgador. Es una
responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. La impartición de
justicia requiere más recursos y mayor acompañamiento interinstitucional. La sensibilidad
social que debe acompañar las decisiones judiciales requiere una mirada más
amplia que la del expediente. El juzgador necesita conocer qué hay detrás de
cada obligación no cumplida: qué enfermedad, qué pérdida de empleo, qué
adicción, qué ruptura emocional o qué abandono institucional empujó a las
partes hasta el tribunal. Solo así la sentencia deja de ser un acto formal y se
convierte en el camino correcto hacia la reconstrucción familiar. Imaginemos que no
solo el juzgador, sino cada una de las instituciones que convergen en este
tema, conozcan a fondo las causas que generan el incumplimiento de obligaciones
de quienes habitan en las colonias y barrios de notorio conflicto. Eso
significaría llevar la justicia a los lugares donde la vida duele, donde la
pobreza se respira y donde la ausencia de bienestar explica buena parte de la
tarea judicial. Un juzgador que mira esos escenarios comprende que el
incumplimiento no siempre nace de la mala fe, sino de la precariedad, de la
enfermedad y del abandono institucional, cuando las decisiones del Estado se
alejan del sentido humano y del deber de solidaridad social.
La calidad humana
del juzgador se revela cuando logra ver a las partes más allá de los escritos.
Su tarea es impartir justicia, cierto, pero esa función no se agota en aplicar
artículos; exige comprender de manera integral a quienes comparecen. Reconocer
las razones del incumplimiento: la pérdida del empleo, una adicción no
atendida, una depresión silenciosa, un accidente que dejó sin ingresos o
incluso una conducta consciente de mala fe, y también advertir lo que el Estado
dejó de hacer al no ofrecer oportunidades laborales, una tarea conjunta con el
empleador, además de la atención a la salud mental, la mediación temprana o la
educación para la paternidad responsable. Considerar estos factores no
significa justificar la conducta, sino juzgar con verdad completa.
