Un campo fuerte con un dólar débil

Jueves 22 de Enero de 2026 9:34 am

---

EL campo mexicano, y en particular el de Colima, está viviendo un momento complicado donde el aumento del salario mínimo se siente como un doble filo. Por un lado, es un avance importante para mejorar el poder adquisitivo de miles de familias que trabajan en el agro, pero por el otro, eleva los costos de operación en un sector que ya opera con márgenes muy estrechos y que depende mucho de la mano de obra estacional.

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general subió a 315.04 pesos diarios, lo que representa un incremento del 13 por ciento respecto al año anterior. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste fue del 5 por ciento, llegando a 440.87 pesos. Este cambio beneficia directamente a millones de trabajadores formales y ayuda a recuperar terreno en el poder adquisitivo, permitiendo cubrir más de dos canastas básicas para una familia promedio. Es un paso hacia la justicia laboral que nadie puede negar.

Sin embargo, en el campo las cosas no son tan sencillas. El sector agropecuario emplea a millones de personas, muchas de ellas en condiciones informales: cerca del 83 por ciento de los trabajadores agrícolas no cuentan con prestaciones ni seguridad social. Ese porcentaje tan alto refleja una realidad estructural: la informalidad permite a muchos productores mantener operaciones viables, pero también deja a la gente vulnerable. Con el alza salarial, los costos laborales suben de golpe, y para las empresas pequeñas y medianas (que son la mayoría en el agro) esto representa un reto grande.

En Colima, donde el limón, coco y aguacate son motores económicos clave, la agricultura genera empleo para decenas de miles de personas. Aquí, el salario promedio en actividades agrícolas ronda los 7 mil pesos mensuales o un poco más, y aunque el estado tiene tasas de informalidad más bajas que el promedio nacional (alrededor del 48 por ciento), el impacto se siente fuerte. Un productor local con un grupo de 10 jornaleros formales ve un aumento mensual significativo solo en salarios base, sin contar las cargas sociales como IMSS, Infonavit y otros, que pueden elevar el costo real por trabajador hasta un 30 o 40 por ciento adicional.

Muchos productores enfrentan ya presiones por sequías, costos altos de insumos como fertilizantes y agua, y una producción que en años recientes ha caído. Sumado a eso, el encarecimiento de la mano de obra puede llevar a decisiones difíciles.

El aumento salarial es necesario y justo, pero sin apoyos complementarios puede convertirse en un obstáculo para la formalización y la competitividad. El gobierno estatal ha respondido con incrementos en el presupuesto para el campo, como fondos de incentivos a productores, programas de inversión y apoyos sociales. Eso es positivo, pero hace falta más: subsidios temporales a las cotizaciones sociales, créditos accesibles para pequeñas empresas agrícolas y mecanismos que faciliten pasar de lo informal a lo formal sin que el costo sea prohibitivo.

Al final, el campo colimense y mexicano necesita un equilibrio. Dignificar el salario de quien trabaja la tierra es esencial, pero también lo es evitar que los costos internos se conviertan en el mayor lastre, sobre todo cuando ya hay factores externos como la caída del dólar o las dudas comerciales. Es momento de que productores, gobierno y trabajadores sentemos una mesa común para convertir este desafío en una oportunidad real: fortalecer las cadenas productivas, reducir la brecha informal y asegurar que el agro siga siendo motor de desarrollo en 2026 y más allá. De otra forma, corremos el riesgo de que los avances sociales terminen pesando más de lo que el sector puede soportar.