La administración pública que propone Alfonso Ramírez Cuéllar

Martes 27 de Enero de 2026 10:05 am

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TUVE la oportunidad de asistir al conversatorio sobre el nuevo modelo de administración pública en el INAP y salí con una clara impresión: lo que se discute no es un cambio menor o superficial.

En este espacio, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar expuso con claridad el objetivo de largo alcance: la expedición de una Ley General de la Administración Pública que contemple profesionalización, coordinación intergubernamental, capacidad estatal y transparencia. Se trata de una intervención en las entrañas del funcionamiento del Estado, donde hoy se acumulan inercias y pérdida de continuidad técnica.

La idea más relevante (y quizá la más disruptiva) es trascender el modelo vigente del servicio profesional de carrera, donde se reparten puestos, para transitar hacia un esquema de cuerpos profesionales, con identidad institucional, estabilidad y movilidad funcional. Es decir, construir un aparato público que no se reconstruya cada tres o seis años, que no dependa de la improvisación ni del nepotismo, y que proteja su desempeño de injerencias político-partidistas.

Este punto es fundamental porque, aunque a veces se piense lo contrario, la administración pública no es un asunto interno del gobierno, sino un componente estructural de la economía. Un Estado que trabaja con baja capacidad es uno que encarece el país. Lo encarece en el tiempo que tarda la resolución de trámites, cuando no coordina órdenes de gobierno, cuando se duplican funciones, cuando se ejecuta gasto sin evaluarlo, cuando se diseñan programas intrascendentes, cuando no hay reglas claras para los agentes de la economía.

La propuesta plantea también principios obligatorios de coordinación horizontal y vertical entre la Federación, estados y municipios, alineando planeación, presupuesto y evaluación. En México, esto es especialmente relevante porque buena parte de las ineficiencias públicas viene de la desarticulación. Algo se plantea en un nivel, se gasta en otro y se evalúa (si se evalúa) en uno más. El resultado es un Estado activo pero estático.

Otro componente que apareció con fuerza en el foro fue el de la mejora regulatoria y la transformación digital. Se habló de la interoperabilidad de datos, uso de evidencia y experiencia ciudadana, y el fortalecimiento de la Agencia de Transformación Digital como instancia coordinadora del rediseño de trámites y servicios. En ese sentido, la digitalización tiene que ir más allá de hacer trámites en línea; implica, más bien, rediseñar procesos que promuevan simplicidad, medición y verificación. Si esto se respalda con suficiente rigor, reduciría costos de cumplimiento, tiempos muertos y discrecionalidad, tres factores inversamente relacionados con productividad y competitividad.

Por eso, lo que está en juego con esta iniciativa no es solamente una nueva ley, es el intento de convertir a la administración pública en un activo económico. Si el Estado logra profesionalizarse, coordinarse y ejecutar con continuidad, el impacto se sentiría donde realmente importa: en la calidad del gasto, en la reducción de la incertidumbre y en la capacidad del país para sostener políticas públicas que den resultados.

 

*Presidente de la Asociación de Egresadas y Egresados de Economía UCOL