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INASISTENCIA Y PRIVILEGIO



EDITORIAL


Jueves 29 de Enero de 2026 9:20 am


LOS registros oficiales son claros: el legislador Gustavo Larios ha faltado a un 33 por ciento de las sesiones públicas del Congreso del Estado desde que asumió el cargo. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acumula siete inasistencias en 21 sesiones plenarias, y la irregularidad se replica en las reuniones de comisiones, donde se supone que se analiza y dictamina gran parte de la legislación que afecta a la ciudadanía.

Lo más preocupante no es solo la visibilidad limitada del diputado en el pleno, sino el contraste entre su presencia intermitente y los ingresos que recibe. Con un salario aproximado de 100 mil pesos mensuales y un aguinaldo equivalente a 90 días, Larios percibe recursos públicos de manera consistente, sin que ello se refleje en resultados tangibles para la población.

A esto se suma su papel como dirigente de la Unión de Estibadores, un cargo que, según señalamientos, podría restarle tiempo y enfoque a sus responsabilidades legislativas. La desproporción entre los ingresos y la labor efectivamente realizada resulta evidente y, para muchos, inaceptable.

El debate sobre la ética y eficiencia en la función pública no es nuevo, pero casos como este subrayan la urgencia de mecanismos de rendición de cuentas más estrictos. La ciudadanía merece representantes que cumplan con su obligación de manera constante y transparente, y no privilegios que parezcan ajenos al compromiso con el interés público. La confianza en las instituciones se construye con presencia, trabajo y resultados, no con ausencia y percepciones salariales desproporcionadas.