INASISTENCIA Y PRIVILEGIO
EDITORIAL
Jueves 29 de Enero de 2026 9:20 am
LOS registros oficiales son claros: el
legislador Gustavo Larios ha faltado a un 33 por ciento de las sesiones
públicas del Congreso del Estado desde que asumió el cargo. Como presidente de
la Comisión de Derechos Humanos, acumula siete inasistencias en 21 sesiones
plenarias, y la irregularidad se replica en las reuniones de comisiones, donde
se supone que se analiza y dictamina gran parte de la legislación que afecta a
la ciudadanía. Lo más preocupante no es solo la
visibilidad limitada del diputado en el pleno, sino el contraste entre su
presencia intermitente y los ingresos que recibe. Con un salario aproximado de
100 mil pesos mensuales y un aguinaldo equivalente a 90 días, Larios percibe
recursos públicos de manera consistente, sin que ello se refleje en resultados
tangibles para la población. A esto se suma su papel como dirigente de
la Unión de Estibadores, un cargo que, según señalamientos, podría restarle
tiempo y enfoque a sus responsabilidades legislativas. La desproporción entre
los ingresos y la labor efectivamente realizada resulta evidente y, para
muchos, inaceptable.
El debate sobre la ética y eficiencia en
la función pública no es nuevo, pero casos como este subrayan la urgencia de
mecanismos de rendición de cuentas más estrictos. La ciudadanía merece
representantes que cumplan con su obligación de manera constante y
transparente, y no privilegios que parezcan ajenos al compromiso con el interés
público. La confianza en las instituciones se construye con presencia, trabajo
y resultados, no con ausencia y percepciones salariales desproporcionadas.
