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Protección



EDITORIAL


Jueves 26 de Febrero de 2026 11:34 am



 

El trabajo infantil es un problema social multifactorial, el cual, en la mayoría de las ocasiones, se asocia con contextos sociales y de pobreza. Esta práctica, sin embargo, sigue afectando el sano desarrollo de la niñez en el estado y país, por lo que aún faltan muchos trabajos conjuntos que se deben realizar para erradicarla.

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), datos del año pasado señalan que aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en México se encuentran en situación de trabajo infantil. De éstos, menciona la dependencia, 2.1 millones desempeñan ocupaciones no permitidas y 1.1 millones no asisten a la escuela.

Respecto al estado, es común observar a personas laborando en semáforos de calles y avenidas principales de algunos municipios acompañados por sus hijas e hijos menores de edad, con los riesgos que implica exponerlos en zonas transitadas y bajo las inclemencias climáticas.

Asimismo, en algunos comercios nocturnos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez sigue habiendo presencia de infantes ofreciendo venta de golosinas y flores, junto a sus madres, padres o tutores, a altas horas de la noche y en cualquier día de la semana.

A esta realidad no escapa el municipio de Tecomán, donde en calles, comercios y sobre todo cruceros de algunas localidades se encuentran niñas y niños laborando en actividades comerciales.

Además de los riesgos y exposición a su integridad física, a ello se suma que, muchas de las veces, esta situación ocasiona la inasistencia escolar de las y los infantes que participan en estas prácticas laborales, afectando sus derechos humanos y el derecho a recibir educación.

Ante ello, es necesario que dependencias encargadas de garantizar el bienestar de las infancias y adolescencias refuercen la prevención e información en escuelas, colonias y comercios sobre las consecuencias riesgosas que tiene el trabajo infantil y qué tan importante es la participación social para identificar y denunciar estos casos y, sobre todo, se sancione, como corresponda, a quien insista en incurrir en esta práctica que tanto lacera los derechos de las infancias.