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LA DEMOCRACIA CUESTA



RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA


Miércoles 18 de Marzo de 2026 1:49 pm


 

 

El rechazo en el Congreso a la reforma constitucional en materia electoral volvió a encender la discusión de cuánto cuesta la democracia y qué tanto la estamos aprovechando. Ese es el primer plano del debate. La propuesta no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución y, ante ello, se impulsa un llamado Plan B para revisar desde leyes secundarias el funcionamiento y el gasto del sistema electoral. La idea es si es posible organizar elecciones confiables con menos recursos, vale la pena revisar dónde se puede ajustar.

Más allá de reformas constitucionales, hay un plano que depende de los propios partidos políticos. Si realmente quieren elevar el nivel del debate público, podrían empezar revisando cómo integran sus listas de diputados plurinominales, Que reformar de sus estatutos. Pues hoy los requisitos suelen limitarse a militancia, antigüedad o formalidades legales, y rara vez se exige trayectoria social, experiencia profesional o liderazgo comunitario. La representación proporcional nació para equilibrar el mapa social e ideológico del país y permitir que llegaran al Congreso voces con ideas y conocimiento. Durante años así ocurrió, con figuras como Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Valentín Campa, Heberto Castillo, entre otros. Hoy, cuando el partido gobernante ya no es oposición, la pregunta inevitable es si el cambio constitucional rechazado es realmente necesario o si el verdadero ajuste debería empezar dentro de los propios partidos.

Ahora, vayamos al dinero, porque ahí es donde se calienta la mesa. México tiene hoy una lista nominal que rebasa los 98 millones de ciudadanos. Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto del sistema electoral federal ronda los 21 mil 837 millones de pesos. De esa cantidad, alrededor de 7 mil 737 millones se destinan directamente al financiamiento público de los partidos políticos, mientras que cerca de 14 mil millones quedan para la operación del Instituto Nacional Electoral, aplicables al padrón, credencialización, módulos ciudadanos y preparación de los procesos electorales. Estas cifras corresponden a 2026 y podrán modificarse en 2027, año en que habrá elecciones intermedias.

Si ese gasto se reparte entre los casi 98.5 millones de ciudadanos que aparecen en la lista nominal, el costo anual rondaría los 220 pesos por elector. Pero la cuenta cambia cuando vemos cuántos realmente van a las urnas. En México solo participa, en promedio, cerca del 60 por ciento del padrón, lo que eleva el costo real por voto efectivo a unos 370 pesos. Dicho en lenguaje sencillo, cada voto termina costando más o menos lo que una buena cenita para dos en la Cenaduría Julia, allá en la Villa.

Con esa cantidad el país sostiene un padrón confiable, una credencial que funciona como la principal identificación de millones de mexicanos y una estructura capaz de organizar elecciones para una de las democracias más grandes del mundo.

Otro tema que suele aparecer cuando se habla del costo de la democracia, son los salarios dentro del INE. Aunque es un órgano constitucional autónomo que organiza su estructura administrativa, su presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y existe el principio de que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. Entre autonomía y austeridad sigue abierta la discusión jurídica. Pero eso, ya es harina de otro costal.

Claro que discutir el gasto público siempre es válido. Pero también conviene recordar qué ese dinero sostiene elecciones confiables, identidad ciudadana y representación política. Y ahí regresamos al segundo plano del debate. Porque si la representación proporcional existe para equilibrar la pluralidad del país, el verdadero reto no es desaparecerla, sino dignificarla.

La democracia permite que una sociedad procese sus diferencias. Pero cuando las curules se reparten como cuotas internas, la gente siente que paga un sistema que no le devuelve representación. Por eso el debate no es sólo presupuestal, también es ético. Si la democracia cuesta, al menos debería servir para que las mejores voces del país lleguen a decidir.