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Entre la austeridad y el control: lo que no dicen del Plan B
BETZAIDA PINZÓN CARRETO*
Martes 24 de Marzo de 2026 12:33 pm
LO que hace unos días se presentó como una reforma
en nombre de la austeridad y la eficiencia, en realidad esconde una intención
mucho más profunda y preocupante: alterar las reglas del juego democrático
rumbo a 2027. El llamado “Plan B”, impulsado por la presidenta Claudia
Sheinbaum, no surge del consenso ni del fortalecimiento institucional, sino de
la frustración de no haber logrado una reforma constitucional previa por falta
de respaldo, incluso de sus propios aliados. Desde una mirada ciudadana, pero también como
militante del PRI, resulta inevitable alzar la voz ante un conjunto de cambios
que, más allá de lo técnico, impactan directamente en el equilibrio
democrático. Se propone limitar las remuneraciones de consejeros y magistrados
electorales, eliminar prestaciones y establecer que nadie gane más que la
titular del Ejecutivo. A simple vista, podría parecer una medida justa, pero en
el fondo representa un intento de debilitar la autonomía y capacidad técnica de
las instituciones electorales. No se trata solo de salarios. Se trata de enviar
un mensaje claro: reducir al árbitro para facilitar el control del juego. A esto se suma la reducción de regidurías en los
municipios, fijando un mínimo de siete y un máximo de quince, así como la
limitación a una sola sindicatura. Lejos de generar ahorros significativos,
estas medidas impactan directamente en la pluralidad de los cabildos. Quitar
espacios es quitar voces, y quitar voces es debilitar la representación
ciudadana. Peor aún, se elimina en los hechos el principio de paridad de
género, lo que representa un retroceso inaceptable en la lucha por la igualdad. El “Plan B” también impone topes presupuestales a
los congresos locales y plantea una reducción progresiva del gasto en el
Senado. Todo ello bajo el argumento de la austeridad, pero con una consecuencia
clara: centralizar el poder y limitar la capacidad de decisión de estados y
municipios. No es una reforma administrativa, es una intromisión directa al
sistema federalista. Sin embargo, lo más grave está en la modificación
de la revocación de mandato. Al plantear que este ejercicio se realice en el
mismo periodo electoral, se abre la puerta para que la presidenta aparezca en
la boleta en 2027. No hay que darle vueltas: se busca generar una ventaja
indebida, permitir campaña desde el poder y utilizar recursos públicos para
influir en la voluntad ciudadana. Durante años, las oposiciones lucharon por
construir condiciones de competencia equitativa, estableciendo límites claros
para que ningún funcionario utilizara su cargo con fines electorales. Hoy, ese
principio se pretende cambiar. En el PRI, el voto será en contra. No porque
estemos en contra de la austeridad, sino porque rechazamos una austeridad
selectiva que busca acallar al INE, debilitar las instituciones y concentrar el
poder. No se trata del número de regidores ni de eliminar privilegios; se trata
de preservar la democracia, el equilibrio de poderes y la voz de la ciudadanía. La historia nos ha enseñado que los cambios
graduales pueden erosionar profundamente la vida democrática. Hoy estamos ante
uno de esos momentos. Guardar silencio no es opción. Porque cuando se debilitan
las instituciones, no pierde un partido: pierde México.
*Diputada local y secretaria general del PRI Colima
