COLIMA FRENTE AL PLAN B

Miércoles 25 de Marzo de 2026 12:43 pm

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El llamado Plan B en materia político-electoral no puede analizarse únicamente desde la lógica de la austeridad. Se trata de un rediseño del sistema que, bajo el discurso de ahorro, introduce cambios con efectos directos en la distribución del poder. Sus ejes son claros, límites al gasto, ajustes en la representación y modificación de mecanismos de participación. No sólo busca reducir costos, busca reordenar la competencia política.

En el plano estatal, uno de los cambios más visibles es el tope del 0.70 por ciento del presupuesto para los Congresos locales. Sin embargo, su impacto real es limitado. En Colima, el Congreso ya opera por debajo de ese umbral. El Presupuesto de Egresos 2026 supera los 22 mil millones de pesos y el gasto legislativo ronda los 128 millones. Aquí no hay recorte, hay un techo. El punto no es el gasto, es la representación.

El siguiente nivel es el municipal. La Constitución local fija la base del ayuntamiento conforme a la población, la Ley del Municipio Libre desarrolla esa integración y el Código Electoral regula su elección. Es decir, el criterio poblacional ya forma parte del diseño jurídico vigente. Por eso municipios como Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez cuentan con un síndico y once regidores, seis de mayoría relativa y cinco de representación proporcional. No es una decisión discrecional, es una regla de representación construida sobre parámetros legales.

El problema surge cuando se plantea modificar esa base sin un análisis integral. El criterio poblacional no puede ser tratado de manera aislada o simplificada, porque en el diseño actual se encuentra vinculado a la complejidad administrativa, la prestación de servicios y la necesidad de garantizar pluralidad en la toma de decisiones. No se trata sólo de cuántos habitantes tiene un municipio, sino de cómo funciona.

Los datos lo confirman. Manzanillo supera los 190 mil habitantes, Colima ronda los 150 mil y Villa de Álvarez los 140 mil. Municipios grandes, con alta demanda de servicios y presión institucional constante. Ajustarlos bajo un criterio uniforme o reducir su representación sin un estudio técnico no ordena el sistema, lo debilita. El problema no es el parámetro poblacional, sino la forma en que se pretende alterar sin sustento.

Pero el fondo no es solo de representación, es de funcionamiento. Aumentar o disminuir el número de regidores impacta directamente en la buena marcha de la administración municipal. Menos integrantes reducen la capacidad de análisis, supervisión y deliberación. Más, sin sustento, generan lentitud y burocracia. El Cabildo es un órgano de gobierno, no un adorno. Su tamaño define cómo se decide.

Por eso cualquier ajuste debe partir de un diagnóstico integral de eficiencia administrativa. No es una decisión personal, es una responsabilidad institucional. El Cabildo define, el presidente ejecuta. Sin datos, no hay política pública, hay ocurrencias.

A esto se suma el efecto político. Reducir regidores implica reducir espacios de representación proporcional. Menos lugares significan menos pluralidad y mayor concentración de decisiones. En estados competitivos como Colima, donde las elecciones se definen por márgenes mínimos, ese cambio no es neutro, altera la competencia.

Ese efecto no es menor en un estado donde la representación local define contrapesos reales. Un cabildo con menos voces no solo discute menos, también controla menos. Y cuando baja la deliberación, sube la posibilidad de que las decisiones relevantes se tomen con menor escrutinio y con mayor comodidad para la mayoría en turno.

Y finalmente está la revocación de mandato. Empatarla con elecciones bajo el argumento de eficiencia mezcla dos momentos distintos. Elegir y evaluar no son lo mismo. Cuando se combinan, la decisión deja de ser libre y se vuelve condicionada.