Dilema: cuando la historia rima

Lunes 30 de Marzo de 2026 9:47 am

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NO sé quién está aconsejando políticamente a la presidenta Sheinbaum, pero debería darlo de baja en forma inmediata. Dos fracasos consecutivos en una innecesaria e instrascendente reforma electoral no deberían ser tolerados por una mandataria que necesita afianzarse en un territorio político donde muchos de los principales amarres y decisiones siguen proviniendo de Palenque, y muchos, dentro de su propia adminsitración, no le son leales.

No se comprende tan mala operación. No sólo en la reforma electoral, en dos capítulos en los que se sabía que no estaría acompañada por sus propios aliados (reducción de plurinominales y revocación de mandato para 2027), sino también en muchos otros ámbitos, pocos tan desafortunados, mal operados, como los derrames de crudo o la ignorancia consciente ante las reiteradas denuncias de corrupción de políticos y funcionarios del oficialismo.

No se comprende que los mayores desafíos los está sufriendo desde dentro y que la falta de operadores políticos, propios, suyos, confiables, está en el corazón del mismo. Los duros, impresentables ante la sociedad, descalificados y perseguidos por innumerables acusaciones, están vulnerando su administración, y sus efectos colaterales golpean las estrategias de seguridad y la relación con Estados Unidos.

Cuando asumió la Presidencia de la República dijimos en este espacio que Sheinbaum debía cuidarse de que no la convirtieran en la versión local de Dilma Rousseff, la mandataria de Brasil que sucedió a Lula da Silva y que terminó siendo destituida, en una operación en la que participaron sus adversarios políticos, pero también muchos de los suyos.

Dilma no era una improvisada: era una mujer que fue parte histórica de la izquierda de Brasil, estuvo en la guerrilla en los años 60 y 70, fue presa política y tenía una sólida formación profesional. No tenía el carisma de Lula de Silva, pero él la colocó como su sucesora porque la consideró la más confiable. Y en cuanto asumió el poder comenzó una labor de zapa en su contra.

La caída de Dilma Rousseff hace exactamente una década, en 2016, fue el resultado de un proceso de impeachment impulsado por acusaciones de irregularidades fiscales en su gobierno. El tema era relativamente menor, pero estuvo alimentado por una profunda crisis económica y escándalos de corrupción como el caso Lava Jato, relacionado con los sobornos de la empresa Odebrecht, y culminó con su destitución definitiva por el Senado.

El impeachment comenzó el 2 de diciembre de 2015, cuando Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, aceptó una denuncia por “crimen de responsabilidad” presentada por el abogado Hélio Bicudo. La acusación principal fue el uso de maniobras fiscales conocidas como “pedaladas fiscales”, destinadas a maquillar el déficit presupuestario, manipulando fondos de bancos públicos.

En abril de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la apertura del juicio político con 367 votos a favor (muchos de ellos de los hasta entonces aliados de Dilma) y 137 en contra suspendiendo temporalmente a Rousseff por 180 días mientras Michel Temer, otro exaliado, asumía la Presidencia interina. El Senado ratificó esta medida tras la ruptura de la alianza con el PMDB y otros grupos menores.

La destitución se dio en un contexto de recesión económica, protestas sociales y revelaciones de corrupción que rompieron internamente al PT y vulneraron sus alianzas. Lo cierto es que la destitución de Dilma fue la consecuencia de su pérdida de legitimidad ante su falta de capacidad negociadora, incluyendo con muchos sectores empresariales que habían apoyado a Lula da Silva.