Manzanillo y el derecho a la riqueza compartida

Miércoles 01 de Abril de 2026 10:49 am

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MÉXICO construye el país desde su territorio, desde los puntos donde la nación se presenta ante el mundo. Los puertos son la primera puerta de entrada, la cara visible del país, la imagen que recibe al extranjero antes de cualquier explicación oficial.

Pero esa representación no sólo ocurre en el territorio. También ocurre fuera de él. Las embajadas y consulados son la extensión del Estado mexicano en el exterior. Son la voz, la imagen y el trato que define cómo se percibe al país. El perfil de quienes encabezan esas representaciones es determinante. Un embajador no sólo administra relaciones, representa dignidad, capacidad y seriedad institucional.

Manzanillo es uno de esos puntos, y su historia lo demuestra. El ciclón de 1959 no sólo destruyó infraestructura y vidas, obligó al Estado mexicano a intervenir directamente en el territorio. La devastación fue profunda. Había que reconstruir.

La Ley para el Funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, expedida en 1948, disponía en su artículo 7 que el patrimonio de dichas juntas se integraría, entre otros conceptos, con un porcentaje adicional sobre los impuestos al comercio exterior, destinado al territorio donde se generaban esos ingresos. No era subsidio, era retorno.

Ese modelo permitió que el puerto no sólo se levantara, sino que se transformara. Se construyó infraestructura de salud, se ampliaron zonas urbanas, se desarrollaron viviendas, se ganaron terrenos a las lagunas y se organizaron servicios públicos. La Junta operaba directamente e incluso administraba sistemas de agua potable y drenaje que posteriormente fueron transferidos a instancias locales.

Pero ese modelo se desmontó. Con ello desapareció el vínculo directo entre el comercio exterior y la inversión territorial, consolidándose un sistema de coordinación fiscal que concentra los ingresos en la Federación.

Aquí está el punto de fondo. México es una Federación, no un sistema centralista. La soberanía se ejerce a través de sus órdenes de gobierno. El municipio es base constitucional del Estado mexicano; sin embargo, en la práctica, su capacidad financiera depende en gran medida de las transferencias federales.

Hoy el esquema se rige por la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo 2-A establece una participación del 0.136 por ciento de la recaudación federal participable para municipios portuarios y fronterizos. Este modelo responde a una lógica distributiva, pero no incorpora plenamente realidades territoriales específicas. No es equivalente un municipio que administra servicios básicos a uno que sostiene infraestructura estratégica de carácter nacional.

México ya tuvo un modelo en el que el territorio participaba directamente de la riqueza que generaba. Las Juntas no constituían un privilegio, sino el reconocimiento jurídico de la función estratégica de determinados espacios.

Una mayor participación fiscal para territorios estratégicos como Manzanillo no debe entenderse como concesión política, sino como inversión estructural orientada a fortalecer la autonomía financiera local. Si el municipio y el estado reciben una proporción más equilibrada de la riqueza que contribuyen a generar, pueden traducirla en infraestructura, servicios, ordenamiento urbano, empleo y formalidad. Esto amplía la base tributaria, incrementa la recaudación propia, contribuye a reducir condiciones de pobreza y disminuye la dependencia respecto de la Federación.

La Ley de Puertos reconoce que el desarrollo portuario no puede desvincularse del entorno urbano y prevé mecanismos de coordinación entre Federación, estado y municipio. Sin embargo, dicha coordinación no se encuentra acompañada de un esquema financiero proporcional que permita materializar ese principio.

Si el puerto es la puerta de entrada al país, la ciudad que lo rodea debe estar a la altura. Debe ser habitable, funcional y digna. Debe proyectar orden, infraestructura y calidad de vida, no como aspiración, sino como una exigencia inherente al desarrollo nacional.