Entre desacuerdos y excesos: el verdadero rostro del Plan B

Lunes 06 de Abril de 2026 9:34 am

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LO que ocurrió en el Senado no es menor. La aprobación parcial del llamado “Plan B” electoral confirma algo que como ciudadanía no podemos ignorar: había una intención clara de modificar las reglas democráticas no para mejorarlas, sino para inclinar la balanza rumbo al 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo intentó dos veces. La primera, que buscaba rediseñar de fondo el sistema electoral, debilitando la representación proporcional y alterando equilibrios básicos. Aquella propuesta no prosperó, ni siquiera entre los aliados del oficialismo. Ese primer revés debió haber sido suficiente para abrir el diálogo. No lo fue.

Lejos de asumir el mensaje, vino un segundo intento. Esta vez, bajo el discurso de la austeridad republicana, se impulsó una nueva propuesta que escondía el verdadero objetivo: adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia de 2027. ¿El resultado? Una campaña anticipada financiada con recursos públicos.

Porque hay que decirlo claro: revocación de mandato adelantada no es participación ciudadana, es ratificación disfrazada. Es permitir que quien gobierna utilice todo el aparato del Estado, desde conferencias diarias hasta giras oficiales, para promover su permanencia, mientras a la ciudadanía se le imponen límites.

No es casualidad que Morena haya retirado esta propuesta al no contar con el respaldo del Partido del Trabajo. Es la evidencia de que ni siquiera entre sus aliados hubo consenso para una maniobra que pretendía ensuciar la elección. Hoy, ese intento quedó fuera. Y sí, hay que decirlo con todas sus letras: ganó la democracia, ganó el voto libre.

Pero no podemos bajar la guardia. Lo que permanece en este “Plan B” sigue siendo preocupante. Se insiste en reducir espacios de representación en municipios y congresos locales, debilitando la pluralidad. Se presiona al árbitro electoral con medidas disfrazadas de austeridad que, en los hechos, no generan ahorros reales. Basta ver los números: mientras la reducción de regidurías apenas significaría un ahorro marginal, una consulta de revocación puede costar miles de millones.

No es una reforma para ahorrar. No es una reforma para modernizar. Es una estrategia para concentrar poder, debilitar contrapesos y centralizar decisiones. Menos voces, menos equilibrio, más control. No podemos permitir que se construya un sistema donde el gobierno sea juez y parte. Donde quien detenta el poder también diseñe las reglas para conservarlo.

Porque la democracia no se negocia. Se defiende. Y hoy más que nunca, hay que alzar la voz antes de que el silencio se convierta en complicidad.

 

*Diputada local y secretaria general del PRI Colima