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Sólo queda cerrar la CIA aquí y regresar al embajador
CARLOS RAMÍREZ
Miércoles 29 de Abril de 2026 12:48 pm
EN febrero de 1971, el
presidente Luis Echeverría Álvarez recibió un informe escrito que revelaba que
la embajada de la Unión Soviética en México y sobre todo la Estación del KGB
(oficina de espionaje) estaban interviniendo en política nacional y aparecían detrás
del entrenamiento a jóvenes guerrilleros mexicanos. De manera contundente, el
gobierno mexicano regresó a su embajador en Moscú, expulsó a cinco diplomáticos
de la embajada rusa, entre ellos al legendario Oleg Netchiporenko, y cerró la
sección del KGB. En aquel entonces no
existía ninguna ley de seguridad nacional de México, e inclusive los enfoques
en esa materia respondían más a la lógica de los intereses de la guerra fría
estadounidense. Pero los reportes del grupo de investigación presidencial fueron
contundentes en la presentación de pruebas de que la agencia de espionaje de la
URSS estaba operando con impunidad en territorio mexicano para entrenar a
grupos de la guerrilla que causaban problemas y destrozos hasta que fueron
liquidados por la Brigada Blanca. El gobierno mexicano
actual se encontró con la sorpresa -producto de un accidente automovilístico
inesperado- de que cuatro agentes de la CIA habían participado en un operativo
estatal en Chihuahua para destruir narcolaboratorios. El problema real fue que
la actual Ley de Seguridad Nacional, en su Título Séptimo, Capítulo I, obliga a
las agencias extranjeras -pero de manera concreta a la CIA, la DEA y el FBI- a
registrar a todo su personal y que cualquier participación en actividades
dentro de México debiera ser reportada al gobierno México. En este sentido, la
responsabilidad de la participación de la CIA a través de cuatro agentes en
operativos estatales debió acreditarse a las autoridades federales mexicanas
que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. El mensaje directísimo que
dejó el incidente está a la vista de todos: la CIA -sobre todo la estructura
conocida como Estación en México y de manera estricta la embajada de Estados
Unidos en México que controla a todo el personal que debiera tener registro y
supervisión diplomática- violentó la ley, incumplió la ley, violó la ley y, por
tanto, se puede acreditar la sanción de obligar a la Embajada americana a
cerrar ostensiblemente la Estación de la CIA en México y enviar de regreso a
Estados Unidos a todos los agentes, los registrados o no. Ahí se encuentra la
crisis de seguridad nacional de México. La presidencia de la República no puede
quejarse de que la CIA no registró a sus agentes ni puede echarle toda la
caballería al gobierno estatal de Chihuahua, sino que la responsabilidad
directa fue de la Embajada por haber permitido que agentes identificados y no
registrados participarán en un operativo contra narcolaboratorios. El menor de los problemas
se encuentra en el agradecimiento que debiera dar el Gobierno de México a la
Embajada de EU y a la CIA por su apoyo en el operativo de Chihuahua, pero esos
resultados forman parte de lo que el lenguaje jurídico se conoce como “fruto de
un árbol envenenado”. La destrucción de narcolaboratorios pudiera, en términos
legales, tener consecuencias negativas para los fallecidos en el incidente y
los arrestados por la ilegalidad en el grupo gubernamental en un operativo con
violaciones a la ley. La fuente de la
irregularidad del operativo estuvo en la violación de la Ley de Seguridad
Nacional por el incumplimiento del requisito de registro obligatorio de agentes
extranjeros -en este caso la CIA, y no se sabe la posibilidad de agentes de la
DEA-. La parte estadounidense debe cumplir con las exigencias de las leyes
mexicanas con agencias que tiene permisos legales para tener oficinas, pero la
responsabilidad final recae en la Embajada de Estados Unidos y, por lo tanto, en
su embajador, con la circunstancia adicional de que el diplomático Ronald
Johnson llegó al cargo como un currículum donde registró haber sido agente en
activo de la CIA.
@carlosramirezh
