Declaran diputados autonomía de Fiscalía para que Senado designe a fiscales
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Lunes 17 de Diciembre de 2018 10:53 pm
+ -El Congreso de la Unión declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, con lo cual el Senado podrá iniciar el proceso de designación del fiscal general y de los fiscales especializados
El Congreso de la Unión
declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía
General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo
Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional en materia de política
electoral de febrero de 2014, con lo cual el Senado podrá iniciar el proceso de
designación del fiscal general y de los fiscales especializados en Delitos
Electorales, en Combate a la Corrupción, en Materia de Derechos Humanos y de
Asuntos Internos.
El artículo transitorio
hace referencia al Apartado A del Artículo 102 de la Constitución, el cual
precisa que la Cámara Alta contará con 20 días para integrar una lista de al
menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los
miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.
“Si el Ejecutivo no
recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una
terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus
funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo
establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá
formar parte de la terna”, refiere la Constitución.
Recibida la lista a que
se refiere la fracción, dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado, el cual con
base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará
al fiscal general con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes dentro del plazo de 10 días.
En caso de que el
Ejecutivo no envíe la terna, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal
de entre los candidatos de la lista.
Finalmente, el
transitorio precisa que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá
remitir dentro de los 20 días hábiles a la Consejería Jurídica del Gobierno
federal los asuntos en los que haya ejercido acciones de inconstitucionalidad,
los cuales se suspenderán por un plazo de 60 días hábiles y deberá transferir
al Consejero Jurídico del Gobierno los recursos humanos, financieros y
materiales que destine para la atención y desahogo dichos procedimientos.
La declaratoria se envió
al Senado de la República para sus efectos constitucionales.